Desde mi residencia actual en China, observo con frecuencia cómo mis compatriotas en Latinoamérica miran hacia Oriente con una mezcla de asombro y envidia. Ven los trenes de alta velocidad, la seguridad en las calles a cualquier hora y el crecimiento económico sostenido, y se preguntan: “¿No deberíamos copiar esto? ¿No será que nuestro modelo democrático occidental ha fallado y necesitamos un Estado al estilo chino?”.

Como abogada formada en la tradición jurídica occidental y testigo diaria de la realidad china, mi respuesta es rotunda: no.

Los sistemas políticos y jurídicos responden a la historia, la cultura y la filosofía de cada nación. Lo que funciona aquí en Asia se sostiene sobre miles de años de una tradición política específica; intentar trasplantarlo a Latinoamérica sería ignorar nuestra propia identidad constitucional. Ningún modelo es inherentemente superior: simplemente son distintos y forjados por caminos históricos diferentes.

El modelo chino no flota en el vacío; se asienta sobre un sustrato cultural milenario que facilita su implementación. El confucianismo valora la jerarquía, el orden y la primacía del colectivo sobre el individuo. Conceptos como la “lógica de la cara” (mianzi) establecen que la reputación se gana encajando en la jerarquía y cumpliendo tu rol sin generar disrupción. La prioridad es la armonía del grupo. Desafiar a la autoridad públicamente es vergonzoso porque rompe esa armonía, lo que reduce la resistencia a la autoridad centralizada siempre que esta cumpla su rol paternalista.

Es un sistema que a China claramente le ha funcionado; es un modelo de gobierno frecuentemente incomprendido o señalado de forma simplista, pero que debe ser respetado bajo el principio de autodeterminación de los pueblos.

Esta diferencia cultural se vuelve aún más evidente cuando analizamos nuestra región. Estudios como el de Thomson et al. (2018) muestran que los latinoamericanos tienen una de las movilidades relacionales más altas del mundo, incluso superior a la de Estados Unidos. Vemos las relaciones como voluntarias: si un grupo, un jefe o un gobierno no nos satisface, nos vamos o rompemos el vínculo. Esto explica por qué la gente tiende a abandonar el sistema o buscar alternativas (alternancia política, economía informal, migración) en lugar de someterse a una jerarquía fija.

En América Latina opera la “lógica del honor”, donde el valor personal se basa en la autonomía y en hacerse respetar. El honor se defiende de manera firme cuando uno siente que sus derechos son pisoteados. La reputación no proviene de la obediencia, sino de la capacidad de afirmar la independencia frente a otros. Por eso incluso contamos con acciones constitucionales como la tutela en Colombia o el amparo en México —entre muchos otros instrumentos— que permiten confrontar al Estado para exigir el respeto de los derechos.

Los latinoamericanos puntúan alto en valores de autoexpresión e individualismo, más cercanos a Europa Occidental. La idea de subordinar la libertad individual a un “plan nacional” abstracto genera resistencia cultural inmediata.

A diferencia de la sociedad civil china, la sociedad civil latinoamericana se ha formado a partir de guerras de independencia, conflictos internos y episodios de inestabilidad que han marcado profundamente la relación entre ciudadanía y autoridad. México, por ejemplo, tiene en su Revolución un hecho histórico de enorme relevancia que redefinió su estructura política; en Colombia, la presencia prolongada de grupos guerrilleros —un fenómeno profundamente negativo— ha condicionado durante décadas la forma en que la sociedad percibe al Estado y su legitimidad. Somos sociedades que han convivido con la confrontación política abierta y, por ello, capaces de movilizaciones masivas que incluso pueden derribar gobiernos, como en Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador entre otros. La protesta, en este contexto, se ha convertido en un mecanismo habitual de expresión cívica, para bien o para mal.

Contrario a la aceptación social que existe en China hacia un gobierno paternalista a cambio de orden, la experiencia histórica de nuestros países ha generado una desconfianza profunda hacia el poder estatal, que haría insostenible un contrato social basado en la subordinación total. Además, el modelo chino requiere un Estado fuerte, disciplinado y meritocrático que América Latina no tiene.

El riesgo para América Latina es intentar imitar ese modelo y terminar creando su caricatura deformada. Ya lo hemos visto en la región, con ejemplos evidentes como Venezuela: regímenes que sacrifican la democracia en el altar de una promesa socialista que nunca llega, gobernados por élites que usan el lenguaje de la “soberanía” y la “eficacia” para encubrir el saqueo y la impunidad.

Es un error grave —muy común en nuestros países— creer que la solución a nuestros males está en importar sistemas políticos ajenos, ya sean de China, Estados Unidos, Rusia o Europa, como si fueran franquicias de comida rápida. En Latinoamérica hemos navegado durante décadas en un péndulo agotador entre gobiernos de derecha e izquierda, buscando salvadores mágicos. Y ahora, ante la crisis de seguridad, surge la tentación de demoler nuestras democracias para replicar un modelo que promete orden.

Esta mentalidad nos ha llevado a fenómenos peligrosos, como lo vimos recientemente en México y en otros países de la región: la idea de que, para arreglar el país, hay que destruir las instituciones y “refundar” la nación desde cero. Actúan bajo la premisa de que todo lo anterior es corrupto e inservible, eliminando los contrapesos jurídicos que tardamos décadas en construir. Pero cambiar las instituciones por capricho no es evolución; es retroceso.

El problema real no es el “sistema” teórico escrito en la Constitución. El problema son quienes lo ejecutan y quienes lo permitimos.

No se trata de si el modelo es capitalista, socialista o comunista. Ningún modelo funciona si está en manos de gobernantes ineficientes y una ciudadanía que abdica de su responsabilidad cívica. En Latinoamérica, nuestros sistemas fallan no porque la democracia sea débil, sino porque está secuestrada por la corrupción, la falta de transparencia y la aplicación selectiva de la ley.

Aquí es donde debemos romper un mito fundamental: la democracia no riñe con la autoridad.

Hemos confundido democracia con debilidad o permisividad, y el resultado es la anarquía. Pero una verdadera democracia requiere autoridad firme. Nuestros presidentes son jefes de Estado y comandantes supremos de las Fuerzas Armadas; tienen herramientas constitucionales para imponer el orden. La diferencia es que, en una democracia funcional, la autoridad se ejerce para garantizar que la ley sea igual para todos, sin importar raza, dinero o privilegios políticos.

Si aplicáramos nuestras leyes existentes con transparencia y firmeza, si tuviéramos políticas públicas de seguridad serias y modernas —en lugar de ocurrencias populistas—, no tendríamos los flagelos de violencia que hoy nos asfixian.

No necesitamos sacrificar nuestra identidad para tener calles seguras, transporte público eficiente o la tranquilidad de no ser asaltados en la esquina. Necesitamos dejar de culpar al “modelo” y empezar a exigir competencia a los gobernantes y responsabilidad a nosotros mismos como ciudadanos.

El debate no es “China vs. Occidente”. El debate es Estado de Derecho vs. Impunidad y  esa batalla se gana haciendo funcionar las leyes que ya tenemos, no destruyéndolas para copiar una realidad que no nos pertenece.

Por: Margee Xiomara Pinilla Florez Abogada y Analista

Powered by Froala Editor